Sentencia A. 449/25

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-449/25

 

SUSPENSION DE TERMINOS EN CONTROL CONSTITUCIONAL DE DECRETO LEGISLATIVO-Procedencia excepcional

 

SUSPENSION DEL TRAMITE DE CONSTITUCIONALIDAD POR PREJUDICIALIDAD-Procedencia

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

AUTO 449 DE 2025

 

Expediente: RE-374

 

Revisión de constitucionalidad del Decreto Legislativo 134 del 5 de febrero de 2025, “Por el cual se adoptan medidas para limitar el uso de sustancias y productos químicos controlados, en el marco del Estado de conmoción interior declarado en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Rio de Oro y González del departamento del Cesar” 

 

Magistrado sustanciador:

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

 

Bogotá, D.C., dos (02) de abril de dos mil veinticinco (2025)

 

La Sala Plena, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular, las previstas en los artículos 214.6 y 241.7 de la Constitución, y

 

CONSIDERANDO

1.                 Los artículos 214[1] y 241 (numeral 7)[2] de la Constitución Política señalan que la Corte tiene competencia para decidir sobre la constitucionalidad de los decretos legislativos dictados por el Gobierno nacional en el marco de los estados de excepción.

 

2.                 Por su parte, el numeral 5 del artículo 242 superior prevé que, en los procesos de control de constitucionalidad de los decretos legislativos, «los términos ordinarios se reducirán a una tercera parte [...]».

 

3.                 El Gobierno nacional, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo
213 de la Constitución, dictó el Decreto Legislativo 134 del 5 de febrero de 2025, “Por el cual se adoptan medidas para limitar el uso de sustancias y productos químicos controlados, en el marco del Estado de conmoción interior declarado en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Rio de Oro y González del departamento del Cesar”.

 

4.                 El 6 de febrero de 2025, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corte copia auténtica del aludido decreto. En la misma fecha y por sorteo, la Sala Plena asignó su revisión al magistrado Vladimir Fernández Andrade.

 

5.                 Mediante auto del 12 de febrero de 2025, el magistrado sustanciador asumió el conocimiento del asunto y decretó la práctica de pruebas.

 

6.                 El 20 de febrero de 2025, la Secretaría General informó al despacho que se recibieron todas las pruebas decretadas.

 

7.                 Mediante auto del 13 de marzo de 2025, se dispuso continuar con el trámite, comunicar la iniciación del mismo a distintas autoridades, fijar en lista el proceso y correr traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor.

 

8.                 En oficio del 26 de marzo de 2025, la Secretaría General corrió traslado al Procurador General de la Nación[3].

 

9.                 El artículo 214 de la Constitución condiciona la expedición de los decretos legislativos a que el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, haya declarado válidamente el estado de conmoción interior. De igual manera, la norma dispone que los decretos legislativos “solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa y específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del Estado de Excepción”.

 

10.             La relación entre el decreto que declara un estado de excepción y aquellos que se profieren bajo su amparo, no solo es una condición de habilitación sino también de validez^[4]. Lo anterior implica que el control de constitucionalidad del primero necesariamente debe ser anterior al escrutinio judicial de los segundos.

 

11.             Por ende, existe una relación de dependencia entre la sentencia que analiza la constitucionalidad del decreto de declaratoria y el control judicial de los decretos de desarrollo[5].

 

12.             En esta oportunidad, el Decreto Legislativo 134 del 5 de febrero de 2025 se adoptó en virtud de la declaratoria del estado de conmoción interior efectuada mediante el Decreto Legislativo 0062 del 24 de enero de 2025. El control de este último se encuentra en trámite bajo el radicado RE-361 y aún no se ha proferido sentencia.

 

13.             De tal suerte, en el expediente de la referecia se configura el fenómeno de prejudicialidad respecto de lo que se decida en relación con el Decreto Legislativo 0062 del 24 de enero de 2025. De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de esta Corte, ello impone la necesidad de suspender el proceso judicial de la referencia hasta que se estudie la constitucionalidad del decreto declaratorio^[6].

 

14.             Dado que el Decreto Ley 2067 de 1991 no regula la prejudicialidad, deben aplicarse las normas procesales generales, tal como se ha hecho en oportunidades anteriores[7].

 

15.             Sobre el particular, el artículo 1 del Código General del Proceso (CGP) extiende el ámbito de aplicación de esa normativa a “todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes”. Por su parte, el artículo 161 del CGP dispone que el juez podrá decretar la suspensión del proceso “cuando la sentencia que deba dictarse dependa necesariamente de lo que se decida en otro proceso judicial que verse sobre cuestión que sea imposible de ventilar en aquel como excepción o mediante demanda de reconvención”.

 

16.             Así, la aplicación del CGP resulta necesaria ante la ausencia de una norma específica que regule la prejudicialidad en el régimen de control abstracto de constitucionalidad. Además, dada la urgencia de brindar una respuesta procesal a una situación apremiante, es factible acudir a una regulación semejante[8] para garantizar el control efectivo de las medidas adoptadas en los decretos legislativos.

 

17.             Por lo demás, es indispensable analizar la constitucionalidad del decreto declaratorio del estado de conmoción interior con anterioridad al estudio del Decreto Legislativo 134 de 2025. Como ya se indicó, el primero incide en la validez del segundo. De lo contrario, la Sala tendría que adoptar una decisión sin los presupuestos sustantivos necesarios. Esa circunstancia desvirtuaría el ejercicio mismo del control de constitucionalidad y su relevancia democrática en el marco de los estados de excepción[9].

 

18.             Finalmente, el artículo 162 del CGP determina que el proceso debe suspenderse cuando se encuentre en estado de dictar sentencia. En atención a la especialidad de los asuntos de control abstracto y, particularmente, de los estados de excepción, la Sala concluye que debe decretarse la suspensión de términos a partir del día siguiente a: (i) la presentación del concepto del Procurador General de la Nación; o (ii) al vencimiento del término previsto para ello, lo que ocurra primero.

 

19.             En todo caso, la suspensión de términos se extenderá hasta el día hábil siguiente a la publicación del comunicado de prensa de la decisión que se adopte respecto del Decreto Legislativo 0062 de 2025 (RE-361)[10].

 

Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

Primero. SUSPENDER los términos en el expediente RE-374, correspondiente al Decreto Legislativo 134 de 2025, “Por el cual se adoptan medidas para limitar el uso de sustancias y productos químicos controlados, en el marco del Estado de conmoción interior declarado en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Rio de Oro y González del departamento del Cesar”, a partir del día siguiente a: (i) la presentación del concepto del Procurador General de la Nación; o (ii) al vencimiento del término previsto para ello, lo que ocurra primero.

 

Segundo. DISPONER que esta suspensión se mantenga hasta el día hábil siguiente a la publicación del comunicado de prensa de la decisión que se adopte respecto del Decreto Legislativo 0062 del 24 de enero de 2025, “Por el cual se decreta el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar” (RE-361). A partir de ese momento, se reanudará la contabilización de términos.

 

Tercero. La Secretaría General de la Corte Constitucional realizará las anotaciones correspondientes en el expediente de la referencia.

 

Comuníquese, cúmplase y publíquese,

 

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

Ausente con comisión

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

JOSE FERNANDO REYES CUARTAS

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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